27 de marzo de 2014

Aproximación a la investigación interdisciplinar del Derecho (Parte I)

Por: Boris Bernal Mansilla

FUENTE; Periódico La Razón, Suplemento La Gaceta Jurídica,  La Paz  25 de marzo de 2014

“Los paradigmas de las ciencias se han transformado”. Las ciencias contemporáneas avanzan a la interdisciplinariedad, a la multidisciplinariedad y a la transdisciplinariedad.

Ante esto, en Bolivia poca importancia se le ha dado en los planes de estudio de universidades y carreras de Derecho a un estudio interdisciplinario, reduciendo materias como Sociología, Antropología, Lingüística, Informática, Etnología y Filosofía a estudios generales y superficiales de los primeros años de carrera, desarrollando su enseñanza independientemente al aprendizaje propio de la materia jurídica.

Los abogados no están acostumbrados a un enfoque interdisciplinario. “Es por ello que en la práctica profesional resulta frecuente encontrar abogados con una pésima redacción forense, sentencias con inverosímiles silogismos y una carencia total de perspectiva al abordar los problemas de la interpretación jurídica”.

Se constituye en un axioma que los abogados no sepan utilizar herramientas de otras disciplinas y saberes. Y que éstas se vean lejanas al Derecho. Como alguien mencionó, “hasta ahora la Antropología, Sociología y  Filosofía tienen un diálogo de sordos con el Derecho.

La interdisciplinariedad ante este panorama contribuye de forma definitiva al desarrollo de la ciencia jurídica, pues, completa los posibles vacíos de desconocimiento de otros aspectos que muchas veces son los causantes de fallos y sentencias erróneas.

El análisis y estudio interdisciplinar del Derecho
El estudio interdisciplinar se ha afianzado en las últimas tres décadas como un nuevo paradigma de investigación dentro las ciencias sociales.

“La preocupación por la interdisciplinariedad del derecho parte del campo de nuestra disciplina sin abandonarlo, para desde ella dar una mirada a los tópicos relevantes de las demás disciplinas, de tal suerte que la observación del problema cuente con una aplicación holística” (1).

En ese sentido, el francés Francois Ost, pionero de esta corriente, postula: “La adopción de una ciencia del Derecho interdisciplinaria implica una importante ruptura epistemológica respecto de las racionalizaciones corrientes del fenómeno jurídico” (2).

Su propuesta consiste en explicar el Derecho relacionado con otras disciplinas, hechos o discursos sociales sin perjuicio de eliminar su especificidad, a su vez, este autor hace la distinción de tres categorías, pluridisciplinariedad, transdisciplinariedad e interdisciplinariedad:
“1.Pluridisciplinariedad. Consiste en que, a propósito de un objeto de estudio, una serie de disciplinas diferentes desarrollan sus puntos de vista específicos de manera yuxtapuesta;
2. Transdisciplinariedad. Procura abandonar los puntos de vista particulares de cada disciplina para producir un saber autónomo de donde resulten nuevos objetos y nuevos métodos; y
3. Interdisciplinariedad. Que se opera a partir del campo teórico de una de las disciplinas presentes, la cual desarrolla problemáticas e hipótesis que se entrecruzan parcialmente con aquellas que elabora, por su lado, la otra disciplina” (3).

Considerando a la pluridisciplinariedad y transdiciplinariedad como utopías científicas y a la interdisciplinariedad como perspectiva centrada en un acercamiento entre los juegos del lenguaje de la dogmática y las ciencias sociales.

Sobre el Análisis Interdisciplinar del Derecho, el jurista boliviano Félix Huanca Ayaviri menciona: “Quienes estamos formados en la tradición del formalismo jurídico tenemos serias carencias en la redacción forense, en las sentencias con imposibles silogismos y una carencia total de perspectiva al abordar el análisis del problema de la interpretación jurídica bajo la luz de la interpretación actual y más para las llamadas políticas sobre justicia.
Quienes tienen una formación especialmente exegética frente a los problemas jurídicos, lo normal es que receten el cambio normativo de una ley por otra, porque consideran que el mal está en la ley, más no comprenden que para saber la inadecuación, debilidad o ineficiencia de la norma es necesario recurrir al análisis empírico, pues únicamente a través de ellas podemos conocer con certeza la eficiencia y la eficacia de una norma; en definitiva, no podemos prever una situación sino conocemos los efectos que producen las leyes y las instituciones jurídicas en la sociedad, que son éstas las que merecen ser adecuadas a una realidad y no que la realidad sea adecuada a la norma.

Desde el análisis jurídico formal, poco o nada sabemos sobre temas como la política judicial, la política jurídica y otros, consideramos que sólo en la medida en que instrumentemos el análisis de los problemas jurídicos desde la interdisciplinaridad podremos lograr una mejor comprensión de ellas.

Lo cierto es que los abogados no estamos acostumbrados a emplear herramientas de trabajo de otras disciplinas y cuando ello ocurre incurrimos en un serio reduccionismo o sesgo profesional que convierte en inútiles los aportes de otras áreas del saber.

Y, es que las otras disciplinas siempre se han visto desconectadas del Derecho, aisladas en medio de un desierto de normas jurídicas, donde los discursos de la lingüística, economía o la informática participan en un diálogo de sordos con el soberbio Derecho.

¿Pero existe alguna forma de entablar una comunicación entre estas disciplinas? o ¿el Derecho debe continuar con su acostumbrado monologo dogmático? El análisis interdisciplinar precisamente viene a llenar ese vacío de entrelazamiento entre el Derecho y las llamadas ciencias sociales y viceversa” (4).

Dentro la perspectiva de Francois Ost de la relación del Derecho con otras disciplinas, ésta se ha caracterizado por la pluridisciplinariedad y la introducción de la interdisciplinariedad, rompiendo esta última con el paradigma tradicional, causando un cambio esencial respecto a la forma de concebir el Derecho como un todo.

En ese sentido, una de las propuestas más prometedoras de interdisciplinariedad son los estudios de género en Derecho, elaborados desde el punto de vista de la antropología a través de los llamados estudios de género.

Norma Fuller afirma: “La perspectiva de Género, produce las categorías femenina y masculina sobre la base de las cuales se organizan las instituciones básicas de la vida social humana como son: la familia, el parentesco, el trabajo y la política; lo que implica una revaloración crítica de los conceptos tradicionales de todas las disciplinas académicas y, en particular, de la circunscripción del Derecho” (5).

Pierre Bourdieu señala que las estructuras de dominación patriarcal son el producto histórico de un trabajo continuado de reproducción al que contribuyen “unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con unas armas como la violencia física y la violencia simbólica) y unas instituciones: familia, iglesia, escuela, ley, Estado” (6).

Los estudios de género en Derecho, en ese sentido, han comenzado a articular una respuesta desde el punto de vista del Derecho Constitucional, deconstruyendo la noción de derechos humanos y apostando por la construcción de una ciudadanía de género.

Otras áreas propicias para la reflexión por parte de los activistas de los Estudios de Género son las especialidades del Derecho de Familia y Derecho Tutelar y ello porque la familia se aviene especialmente vulnerable al reproducir las relaciones jerárquicas, las diferencias sociales de la sociedad en su conjunto.

Los avances de estos estudios han generado la reacción de los sectores más tradicionales y dogmáticos de la disciplina jurídica, que desde una posición típicamente kelseniana defienden los fueros del Derecho contra cualquier embate de los saberes no jurídicos.

A continuación describimos y estudiamos algunos estudios interdisciplinarios del derecho como la Filosofía Jurídica, el análisis cultural del Derecho la Antropología Jurídica y el análisis sociológico del Derecho.

Filosofía Jurídica
La Filosofía del Derecho, como expresión y categoría, aparece a finales del siglo xviii subrogada a la categoría de Derecho natural que entendía el fenómeno jurídico enmarcado en el pensamiento escolástico o racionalista.
El Derecho natural se presentaba como un orden válido por sí mismo, evidente e invariable, que constituía la regla última de toda comunidad humana. El Ius naturalismo entendía el Derecho como producto independiente de la obra de los seres humanos y la historia.

Frente a esta concepción, la Filosofía del Derecho consideraba a los ordenamientos jurídicos creaciones humanas que se desarrollan y cambian en el tiempo y espacio histórico. El Derecho es siempre un sistema normativo válido y vigente en un grupo social determinado. No es un orden lógico y racional surgido de la naturaleza, sino un conjunto de normas de conducta elaboradas artificialmente como respuesta a los conflictos y a las necesidades de una comunidad específica en un momento histórico.

La Filosofía del Derecho es entendida en sus umbrales como una rama de la filosofía que reflexiona sobre la teoría del Derecho, la teoría de la justicia y la teoría de la ciencia jurídica. “El Derecho es Derecho positivo, posee una existencia histórica, condicionada, diversa y variable” (7).

De este modo, durante la segunda mitad del siglo xviii el concepto Derecho natural va perdiendo preponderancia y comienzan a aparecer obras de reflexión teórica sobre las instituciones jurídicas, emergen nuevas terminologías, por ejemplo, Emanuel Kant, en 1797, emplea la expresión “Teoría del Derecho”; en 1798, Gustav Hugo utiliza “Filosofía del Derecho Positivo”; Jakob Friedrich Fries emplea “Teoría Filosófica del Derecho”, y el término “Filosofía del Derecho” es empleado desde 1800 en adelante por autores como Wilhelm Traugott Krug y Karl Christian Friedrich Krause.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en 1821, publicó en Berlín sus “Principios de la Filosofía del Derecho”, hecho de relevancia significante para este nuevo campo del saber.

En la actualidad se tiende a contraponer y generar una falsa discusión entre “Filosofía del derecho de los juristas” y la “Filosofía del derecho de los filósofos”, es decir, Filosofía Jurídica contrapuesta a la Filosofía del Derecho; conceptualizando a la “Filosofía del Derecho como aquella rama de la filosofía y ética que estudia los fundamentos filosóficos que rigen la creación y aplicación del Derecho. Al estudio del llamado Derecho natural, porque es una disciplina que busca respuestas a aquella inclinación humana hacia el ideal del Derecho, que es precisamente la justicia, encontrándola en un Derecho superior a toda ley escrita y a toda norma de relación social, conforme con un orden natural, universal, superior y anterior a las leyes del Estado” (8).

La Filosofía del Derecho es toda aproximación al hecho jurídico, a un fenómeno que acompañó a la humanidad desde su aparición, puesto que la ley y el Derecho constituyen una constante histórica que ha incidido de una manera general y constante en las gentes y en los modelos sociales y políticos.

Entretanto, la Filosofía Jurídica comprende las sabidurías y conocimientos que buscan explicar el fenómeno del Derecho dentro de una visión totalizada del mundo social. “La Filosofía Jurídica reflexiona sobre las cuestiones fundamentales de la explicación jurídica, es decir, examina los problemas jurídicos fundamentales de la dogmática jurídica; realiza el examen de los dogmas y presupuestos que subyacen detrás de los conceptos y métodos de la dogmática jurídica, así como sus implicaciones, lo que permite afirmar que la Filosofía del Derecho es tanto análisis conceptual como epistemología crítica” (9).

Síntesis
La Filosofía del Derecho y la Filosofía Jurídica convergen en el ejercicio de su función de conocimiento en el plano del ser, la esencia lógica y el valor del Derecho.

Responden a cuestiones trascendentales planteadas con carácter de necesidad a la existencia humana y a cuestiones no tocadas por la ciencia del Derecho. Tiene por objeto los principios más generales del ser (ontología); los métodos, sabidurías y estudios del conocimiento (epistemología), esencias lógicas y teorías del conocimiento (gnoseología) y los valores del Derecho (axiología).

Dichos principios forman, los pilares fundamentales sobre los que se asientan la Filosofía Jurídica como la Filosofía del Derecho. Las preguntas acerca del ser y del concepto del Derecho envuelven problemas filosóficos relativos a la estructura óntica y la esencia lógica del Derecho.
La Filosofía del Derecho, como sostiene Del Vecchio, investiga aquello que es o debiera ser en el Derecho frente a aquello que es contraponiendo una verdad ideal a una verdad empírica (10).

Conclusión
Podemos decir que en nuestro tiempo: Filosofía del Derecho o Filosofía Jurídica es la disciplina que estudia la “Ontología Jurídica” o el Ser del Derecho, ya sea entendida como matriz, sistema u ordenamiento jurídico; “Axiología Jurídica” o tratado de los valores jurídicos, cuyo desglose constituye la noción de justicia; y “Epistemología Jurídica” que es el estudio en un sentido plural de las metodologías, sabidurías y conocimientos jurídicos.

Antropología Jurídica
La Antropología Jurídica emerge como una disciplina de la antropología cultural o antropología social, ya que aplica conceptos y categorías de esta rama al estudio del Derecho. En primera instancia es necesario precisar la ubicación y campo de la antropología cultural o antropología social, definida ésta como la “rama de la antropología que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de sus costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, urbanismo, medios de alimentación, salubridad, mitos, creencias y relaciones de los grupos humanos con el ecosistema” (11).

En ese contexto, la Antropología Jurídica “estudia los sistemas normativos de control social que conforman cualquier sociedad, especialmente el sistema jurídico, así como los objetivos y funciones que tiene el Derecho en la satisfacción de las necesidades humanas y sus aspiraciones sociales” (12).

Investiga el comportamiento del ser humano en vínculo con la normativa de una sociedad determinada. Establece principios que expliquen las similitudes y diferencias de los sistemas jurídicos plurales con el objetivo de formular propósitos generales sobre el fenómeno jurídico y su interrelación.

Orígenes de la antropología jurídica
Se remontan a los siglos xviii y xix, cuando varios intelectuales y estudiosos de la antropología y el Derecho convergieron en la perspectiva de la Antropología Jurídica como una nueva disciplina, es así que el Barón de Montesquieu (13) determinó que las leyes son estrictamente necesarias para establecer la naturaleza de las cosas. Este hecho hace que Montesquieu sea considerado el más importante precursor de la Antropología Jurídica.

El historiador del Derecho, jurista, antropólogo, sociólogo, filósofo suizo y profesor de Derecho Romano en Basilea Johann Jakob Bachofe Interpretó desde una perspectiva romántica la mitología romana y escribió el estudio histórico-etnológico en su libro “El Derecho Materno”, donde planteó que el matriarcado fue el régimen más antiguo y que existió una mitología, de índole femenina, sobre la madre originaria (14).

En 1844 el antropólogo estadounidense Lewis Henry Morgan comenzó a ejercer como abogado pero posteriormente se interesó por la cultura de los indígenas americanos y dedicó la mayor parte de su vida a las investigaciones antropológicas. Su obra más conocida es “La Sociedad Primitiva”, un estudio de la evolución social.
Siguiendo la línea de Morgan, la corriente marxista contribuyó con gran parte de sus estudios al abordar uno de los principales problemas de la Antropología Jurídica: la unión entre el derecho y el Estado. Acogiendo las principales ideas teóricas de Karl Marx, Federico Engels consideraba el Estado como una forma transitoria de organización de poder. En su última etapa de investigación, Engels introdujo nuevos métodos de análisis del Derecho y estudió sus funciones en el sí de una sociedad (15).

Entre 1865 y 1870 la antropología jurídica es consolidada como una nueva disciplina gracias a los aportes e impulsos del historiador del derecho Henry Summer Maine y el antropólogo John McLennan, quienes realizaron investigaciones donde aplican conceptos de la antropología cultural al estudio del Derecho.

Continuará
Notas
1. Bohórquez Orduz, Antonio. Ponencia: El juez en la Constitución de 1991, expuesta en el Congreso Colombiano, Quince años de la Constitución Política. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, 10 de septiembre de 2006.
2. OST, Francois. El Tiempo del Derecho. Ed. Siglo XXI, Madrid, España, 2005.
3. Ibídem.
4. Huanca Ayaviri, Félix. Positivismo Jurídico e Introducción al Análisis Sociológico de Derecho. Ed. San José, La Paz, Bolivia, 2009.
5. Fuller Osores, Norma J. Cultura y relaciones de género. Ed. Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 1995.
6. Bernal Mansilla, Boris. El Fin del Ciclo Patriarcal. Artículo publicado en Bolpress, La Paz, Bolivia, 2 de marzo de 2013.
7. Hegel, Federico. Filosofía del Derecho. Ed. Norte, La Paz, Bolivia, 1998.
8. Ezpezúa Salmón, Boris. Filosofía del Derecho. Ed. Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú, 2011.
9. Pérez Velasco, Antonio. Nociones Básicas de Filosofía Jurídica. Ed. Plural, La Paz, Bolivia, 2008.
10. Del Vecchio, Giorgio. Filosofía del Derecho. Ed. Boch, Barcelona, España, 1960.
11. Evans-Pritchard, Edward Evan. Antropología social. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1967.
12. Aguirre, Ángel. Diccionario temático de Antropología, Ed. PPU, 1988.
13. Montesquieu, Barón de Charles-Louis de Secondat. Del Espíritu de las leyes. Ed. Alianza. Madrid, España, 2003.
14. Marzal, Manuel. Historia de la Antropología 2: Antropología Cultural. Ed. Abya Yala, 6ta edición, Quito, Ecuador, 1998.
15. Engels, Friedrich. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ed. Progreso, Moscú, 1970.

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21 de marzo de 2014

El Estado boliviano desconoce deliberadamente la Constitución Política del Estado

Por: Jenny Ybarnegaray Ortiz

La semana pasada, justo después de la celebración del día internacional de las mujeres, sucedieron hechos inauditos que denuncian lo poco o nada que el estado boliviano está dispuesto a cumplir con los mandatos constitucionales referidos a los derechos humanos de las mujeres.[1]

En primer lugar, la curia católica, envalentonada por la sentencia constitucional Nº 0206/2014 –que, aunque elimina el requisito de la orden judicial para la práctica médica de abortos por causas no punibles, en la práctica “constitucionaliza” el aborto como delito– convocó a una conferencia de prensa para demandar del estado boliviano la eliminación de la dominada “píldora del día después” de la lista de insumos del SUMI, argumentando que se trata de un medicamento “abortivo”. Tal es la ignorancia de la máxima autoridad de los católicos que no sabe o no quiere enterarse (que es lo peor) que el medicamento al que se refieren no es abortivo sino anticonceptivo:
“El término “anticoncepción de emergencia” (AE) se refiere a un conjunto de métodos de anticoncepción que se pueden usar con el objetivo de prevenir un embarazo enseguida después de haber tenido relaciones sexuales. Estos métodos incluyen varios tipos de píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) así como la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU). La anticoncepción de emergencia brinda a las mujeres una segunda e importante oportunidad para prevenir el embarazo cuando falla un método habitual de prevención, o cuando no se ha usado método alguno o cuando una mujer ha sido forzada a tener relaciones sexuales. La AE se debe usar hasta un plazo máximo de 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, pero generalmente es más eficaz cuanto más pronto se use”.[2]
Sin embargo, allá ellos, a los obispos no les interesa informarse sobre estos asuntos tan “técnicos” porque su propósito no es otro que el de mantener su control sobre los úteros de las mujeres como mecanismo de dominación patriarcal. A ellos no les interesa la vida, lo que les interesa es sostener su primacía y lo hacen bajo distintas modalidades, entre otras, su empeño en condenar el aborto so pretexto de que están “defendiendo la vida del no-nato”. Hasta ahí llegan, porque la vida del nacido les interesa cuatro pepinos, lo que vaya a suceder con la vida de una criatura, después de haber nacido, ya no es asunto de su incumbencia, es algo de lo que las madres (en primer lugar) deberán hacerse cargo, les cueste lo que les cueste, a cualquier precio.
Lo más indignante del asunto es la respuesta más que inmediata de las autoridades de salud del Estado Plurinacional de Bolivia que se apresuraron en “tranquilizar” a la curia anunciando, a través del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes:
“No haremos polémica donde no existe. Por la responsabilidad con el país, el Ministerio de Salud no ha dado ninguna voz oficial sobre la incorporación de la pastilla, no hay nada en nuestro sistema de salud y queremos dar por cerrado esto y no podemos discutir sobre algo que oficialmente el ministerio no ha incorporado”, dijo la autoridad en rueda de prensa. Sin embargo, según un reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA[3], por sus siglas en inglés), la entidad ya entregó Bs 1,4 millones en insumos anticonceptivos (entre ellos la Pildora Anticonceptiva de Emergencia PAE) para proyectos pilotos[4].
Estas declaraciones contradicen el anuncio realizado por el propio gobierno el 12 de septiembre de 2013 en sentido que:
“El gobierno boliviano reveló este miércoles que planea distribuir de manera gratuita la denominada "píldora del día después" para reducir el número de embarazos no deseados. El viceministro de Salud, Martín Maturano, informó que por año se esperan cerca de 300 mil embarazos de los cuales unos 60 mil corresponden a adolescentes. El plan que entrará en marcha en el 2014 y le demandará al Estado una inversión de dos millones de dólares también prevé la distribución de otros métodos anticonceptivos como condones femeninos e implantes dérmicos”[5].
Pero, eso no es todo, enseguida la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados anuncia que tiene previsto elaborar el proyecto de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, para lo cual convocará, entre otros a ¡¡las iglesias evangélica y católica!![6] a opinar sobre el tema.
Estos anuncios, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, desconocen deliberadamente el artículo 4 de la CPE que a la letra dice "El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión".
En suma, primero, la curia católica, hace una demanda basada en su ignorancia intencional sobre los efectos de la píldora anticonceptiva de emergencia” (PAE); segundo, el poder ejecutivo, primero recibe una donación extraordinaria del UNFPA de insumos anticonceptivos y anuncia que a partir de 2014 pondrá en ejecución proyectos piloto (que incluyen la distribución gratuita de la PAE) con el objetivo de reducir el alarmante incremento de embarazos adolescentes y luego, ante la solicitud inusitada de la Conferencia Episcopal, retrocede ante este anuncio; y, tercero, el poder legislativo se pone al servicio de la misma iglesia convocándola a deliberar sobre un tema que no es de su directa incumbencia.
Si ya en otros temas el estado boliviano –a través de sus distintos órganos de poder, hegemónicamente cooptados por el MAS– ha encontrado modos de soslayar otros mandatos constitucionales, no es de extrañar que en este tema se ratifique en su posición de desconocimiento de la norma. Entonces, huelga demandarles lo que no están dispuestos a cumplir, salvo en lo que les resulta conveniente. Bajo estas constataciones, considero oportuno un sinceramiento del partido en situación de gobierno en sentido de que la Constitución Política de Estado es nada más que una norma referencial, sujeta a las interpretaciones antojadizas de los operadores eventuales de los órganos del poder, y no la “ley de leyes” que tanto se ufanan en enunciar.
El tema que aquí se está discutiendo va mucho más allá del derecho de toda mujer a decidir si llevar o no a término un embarazo, las medidas de prevención del embarazo y el aborto como solución final, no son el tema central. Lo que aquí se está poniendo en cuestión es, en realidad, la capacidad y el derecho de autodeterminación de todas las mujeres sobre cualquier tema que nos concierne directamente. Curas, médicos, abogados y legisladores se toman la atribución de señalarnos los límites de nuestra autonomía como seres humanas, siguen creyendo que sus mandatos son de obediencia obligatoria, siguen pensando que las mujeres les debemos subordinación, continúan obcecados en su ensoñación decimonónica y utilizan cualquier medio a su alcance para marcarnos esos límites como si nosotras no fuésemos capaces de decidir inteligente y responsablemente sobre nosotras mismas.
Nada le debemos al poder estatal, si de él demandamos algo, lo hacemos en virtud de nuestra condición de ciudadanas de pleno derecho, eso es todo. Nada nos detendrá, nosotras continuaremos denunciando estos atropellos y, a pesar de ellos mismos (y de las propias mujeres que no logran desprenderse de su lugar asignado de sumisión al poder patriarcal), continuaremos avanzando en nuestro camino de emancipación como lo venimos haciendo colectivamente desde hace más de un siglo.


Notas:
[1] Ilustración: http://medifamairena.blogspot.com/2012/02/alimentando-mitos-anticoncepcion-de.html
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Marcelo Soza: El estratega silente

Por: Idón Moisés Chivi Vargas

Cuando nos enteramos que el ex-fiscal Marcelo Sosa se fugó del país dejando tras de sí, una serie larga de interrogantes sin respuestas, de hipótesis sin sustentos y maremotos mediáticos de los más diversos colores… confirmamos lo que hace tiempo lo dejamos escrito. Estamos ante una estrategia legal básica en el mundo de los litigantes profesionales chicaneros.

Pero esta estrategia depende del grado de importancia del cliente, no todos pueden acceder a este modelo de defensa, de hecho, solo pueden hacerlo los que tienen plata y padrinos. Aquellos que carecen de este excedente económico y social ni soñarlo, mejor abstenerse…
Es decir que, la dimensión del delito de los cuales se acusa a los imputados, exige una inversión proporcional con sus posibles sentencias, y en el caso Roza se están jugando alrededor de noventa sentencias, no es poco lo que está en juego.
Los acusados no son delincuentes comunes, provienen de las familias más prominentes de Santa Cruz, incluido el hermano del actual gobernador de Santa Cruz (quien mantiene un curioso perfil bajo sobre el tema), vemos en el camino todos los apellidos serbio-croatas y logieros, desde Branco Marincovic hasta Melgar pasando por “el viejo”
Dicho de otra forma, la “calidad” de los imputados exige un nivel de inversión sumamente alto para evitar las sentencias correspondientes, quien tiene que hacer esa inversión? Ellos mismos, no hay otra explicación que sea válida. Y “ellos mismos” son una estructura económica, social y política que representa a la derecha señorial a la derecha que hoy está en la Asamblea Legislativa, son gente que aún controlan sectores estratégicos de la económica cruceña y mantiene sus redes con Pando, Beni, Sucre y Tarija.
Vayamos entonces a lo que corresponde…
La estrategia mencionada tiene tres principios básicos:
a) Fabricar pruebas de descargo falsas para distorsionar las pruebas de cargo verdaderas…
b) Generar confusión en el tratamiento del caso, a través de maniobras legales en la forma y el fondo del proceso…
c) Generar la retardación de justicia para acudir a la finitud constitucional de los plazos procesales
Pero, para que esta estrategia de triple soporte sea eficaz en su cometido, necesita una opinión pública favorable y ello solo es posible mediante una agresiva campaña mediática, y es aquí donde entran los operadores políticos, y son precisamente estos los que nos ayudan a desnudar el caso en sus recovecos leguleyescos.
Desde el principio, los acusados trataron de posicionar como matriz de opinión pública, que nunca existió el caso terrorismo, a pesar de que todas las pruebas -incluidas las testimoniales- dicen todo lo contrario. El éxito de este paso táctico requiere de una segunda fase.
Desde el principio los imputados realizaron maniobras legales de uno y otro tipo para afectar en el fondo y la forma el tratamiento procesal del caso, con ello se consigue dilatar el fondo del proceso y fabricar más pruebas de descargo, lograr que el caso radique de juzgado en juzgado es muy típico en estos casos, la excusa no es un buen modelo de precisión jurisdiccional en la resolución de los casos.
Desde el principio los imputados han buscado la retardación de justicia, para que se apliquen los plazos procesales y beneficiarse de los límites temporales señalados por la constitución política en materia procesal penal, y acudir a la extinción de la acción penal por parte del Estado.
No podemos –ahora-, dejarnos llevar por la presión mediática que apunta a posicionar como matriz de opinión publica los tres aspectos referidos.
Se imaginan a un ladronzuelo de celulares protegido por políticos poderosos, familiares ricos y jueces venales, este sujeto pasa de delincuente común a un “incomprendido social”. “No es culpable él, la sociedad es culpable por él”.
La historia del derecho penal está atestado de crímenes cometidos por poderosos que han pasado en calidad de olvido y el olvido es impunidad, y la impunidad es un premio al delito.
No podemos permitir que el Estado Plurinacional entre en esta trampa legal, que nos conduce a la desmemoria y la amnesia colectiva.
En Bolivia hubo terrorismo y los culpables hoy, están viendo la manera de hacerse a los santitos y buscan salirse con la suya mediante una estrategia de triple posicionamiento que no les sería útil sino contaran con aliados poderosos como son algunos medios que se reclaman independientes.
En este caso, como en muchos, están en juego los tres principios básicos del funcionamiento judicial: a) Independencia; b) Imparcialidad, y, c) Calidad técnica de las sentencias.
* Indio aymara
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Análisis sociológico del Derecho

Por: Boris Bernal Mansilla

FUENTE: Periódico La Razón, Suplemento La Gaceta Jurídica,  La Paz 18 de marzo de 2014

Centraremos este escrito en los estudios y trabajos de los profesores españoles María José Fariñas Dulce, André-Jean Arnaud y del boliviano Félix Huanca Ayaviri.Fariñas menciona que “la sociología del derecho, tal y como se ha fundamentado y desenvuelto, especialmente en la tradición continental europea, marcada por una confrontación con la dogmática jurídica y, consecuentemente, por su difícil relación e incardinación con la ciencia jurídica, por las irreconciliables posturas de los sociólogos y los juristas, y marcada, en fin, por una metodología positivista, cuantitativa y descriptiva, entró en crisis, apenas comenzó su definitiva institucionalización académica en la década de los 70 en toda Europa, salvo –como es sabido– en España. Incluso, la propia terminología de “Sociología del Derecho” o “Sociología Jurídica” suena hoy día un tanto anticuada.

Por otra parte, los propios movimientos críticos al derecho han dirigido sus críticas hacia la sociología tradicional, que se había realizado hasta las décadas de los años 70 y 80, por ser excesivamente formalista y legitimadora del orden establecido, demasiado avalorativa, demasiado acrítica y demasiado descriptiva.
Finalmente, se ha producido, también, en las últimas décadas un significativo cambio de paradigmas en la sociología del derecho, así como la aparición o recuperación, en algunos casos, de otras metodologías o, incluso, la consolidación de un pluralismo metodológico en los estudios socio- jurídicos” (1).

Todo lo descrito por Fariñas lleva a la reflexión: buscar una nueva forma de entender y fundamentar los estudios e investigaciones socio-jurídicas; como la autora define, “llegará a una especie de sociología del derecho renovada, que debería dirigirse hacia (versus) el Análisis Sociológico de los Sistemas Jurídicos, entendiendo como un proyecto científico interdisciplinar y constructivista” (2).

En esa misma línea, Arnaud (3) apuesta por el análisis sociológico desde una epistemología sistémica e interdisciplinaria, incorporando al estudio de los sistemas jurídicos elementos de la antropología filosófica, rechazando la clásica diferenciación y fragmentación del saber humano en disciplinas académicas incomunicadas y jerarquizadas.

Esta orientación dominante, al menos en el ámbito internacional, aboga por un proyecto constructivista e interdisciplinar de análisis de los campos de investigación socio-jurídicos. En definitiva, se presentan los paradigmas, los conceptos, los temas y problemas que caracterizan el análisis sociológico de los sistemas jurídicos.

Huanca Ayaviri, sobre su experiencia y los estudios bolivianos en el campo de la Sociología del Derecho y el Análisis Sociológico del Derecho, menciona: “En Bolivia la incorporación de la cátedra de sociología jurídica es relativamente reciente, concretamente se inicia desde los años 80; pero esto no debe ser razón para la escasa producción existente en el campo de la sociología del derecho. Sin embargo, las razones para su escaso desarrollo se pueden atribuir a la poca comprensión de la disciplina de los profesores.

No existe una producción teórica, ni siquiera en la tradición teórica clásica. Entre las salvedades existe el trabajo pionero de Ramiro Villarroel Claure, que, esencialmente, sigue la línea de análisis macro socio-jurídica de la tradición continental europea. Con relación a la producción de la nueva tradición (análisis empírico) es totalmente inexistente, por lo que será de mucha importancia el despliegue de esta disciplina, especialmente a través del desarrollo del análisis empírico de la sociología del derecho que sea desarrollada desde la actividad académica y, mucho menos, desde el enfoque de análisis sociológico de los sistemas jurídicos en su sentido interdisciplinar.

El escaso desarrollo de la disciplina radica fundamentalmente en la enseñanza ambigua de esta disciplina, desde su origen, objeto y perspectivas. Y, por otra, la enseñanza del Derecho positivo se circunscribe a la dogmática jurídica tradicional decimonónica, lo que favorece un escaso debate académico. Por otra, parece condicionar el escaso debate teórico del derecho y su relación con otras el escaso desarrollo económico que a fin de cuentas condiciona una forma de aplicación del Derecho, quiero decir que el escaso desarrollo económico no ha ejercido un cambio radical del razonamiento jurídico desde la formación de tipo de Estado (liberal, social y democrático), el razonamiento jurídico se reduce a la aplicación de la mera lógica deductiva normativa mezclada con la aplicación de la exegesis” (4).


En síntesis dialéctica, bajo la nueva forma de concebir los estudios socio-jurídicos, el Derecho y la sociedad no pueden estar aislados de su contexto, por lo tanto, no pueden estar ajenos a sus perspectivas socio-culturales. La característica principal del Análisis Sociológico de los sistemas jurídicos es la interdisciplinariedad. “Se trata de que especialistas de disciplinas científicas y académicas diversas trabajen conjuntamente por un proyecto científico común, cual es el estudio e investigación empírica de las relaciones entre Derecho y Sociedad, en sus sentido más amplio”  (5).

En Bolivia el campo es fértil y más en tiempos de construcción y consolidación del Estado Plurinacional, que reconoce el pluralismo jurídico como una forma de entendernos y complementarnos entre los diversos.


Notas
1. Fariñas Dulce, María José. “Sociología del Derecho versus Análisis Sociológico del Derecho”, Ed. Doxa, 1994.
2. Ibídem.
3. Arnaud, André-Jean & Fariñas Dulce, María José. “Sistemas jurídicos; elementos para un análisis sociológico”, Ed. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 2006.
4. Huanca Ayaviri, Félix. Positivismo Jurídico e Introducción al Análisis Sociológico de Derecho, Ed. San José, La Paz, Bolivia, 2009.
5. Fariñas Dulce, María José. Op. cit.

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